CFK "QUIERE DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA". INAUGURACIÓN 131° SESIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO.

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CFK “QUIERE DEMOCRATIZAR LA JUSTICIA”

INAUGURACIÓN DE LA 131° SESIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO NACIONAL

Conforme los establecido por la Constitución Nacional en el art.99 Inc. 8° CFK en su carácter de Presidenta cumplió con la obligación de declarar inauguradas, ante la Asamblea Legislativa del Honorable Congreso, la 131° sesiones ordinarias y, al mismo tiempo, dar cuenta  de la gestión del Estado de la Nación.

Nuevamente se repitió el espectáculo circense del año pasado cuando declaró inauguradas 130°. En efecto, no faltó la corte de adulones, alcahuetes y aplaudidores consuetudinarios.También los infaltables de siempre: las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo con Hebe de Bonafini y Estela Carlotto.

Tanto adentro del Congreso como en sus afueras prácticamente estaban copadas por los reclutados de La Cámpora a través de las mil una organizaciones K. Ahora con "Unidos y Organizados" a la cabeza como nuevo Partido Político que pasa a ser el brazo de los jóvenes del FPV.

Alicia y la Kolina

Como es de costumbre la Presidenta cumplió con el protocolo firmó el libro e ingreso al recinto acompañada por el Vice Presidente Amado Boudou y el Presidente de la Cma. de Diputados J.Dominguez.

El recinto lucía como un estadio kirchnerista se lanzaron desde los palcos una lluvia de volantes y se entonaron distintos cánticos de apoyo a la Presidenta y al gobierno que encabeza.

Bullrich, Amadeo

La mandataria hizo una fuerte defensa de la gestión kirchnerista, repasó los logros desde 2003, habló de una "década ganada", justificó el acuerdo con Irán y anunció cambios en el Consejo de la Magistratura.

Del análisis del discurso, que fué uno de los más largos. 3 hs. 15'. no vamos hacer una exégesis del contenido solamente nos limitaremos a señalar dos aspectos que a nuestro juicio revisten importancia a la luz de la realidad que vivimos todos los argentinos.

En primer lugar, tal como lo establece el art.99 inc. 8° de la CN, arriba citado, aparte de declarar inauguradas la sesiones la Presidente debe rendir cuentas de la gestión de Estado de la Nación. Se entiende que se trata de lo actuado en el transcurso comprendido desde su presentación anterior (130°) al presente y trazar un lineamiento de los planes que propone el gobierno con objeto de llevar adelante el proyecto de gobierno esto es, el "modelo popular nacional y de inclusión social"

Se advirtió claramente que sus datos, referidos a las distintas áreas de la administración, lo eran tomando períodos que comprendían, en muchos casos, desde el 2003  -advenimiento del régimen K-  al 2012. Lógicamente, tomando ese amplio período muchos resultados arrojaban signos muy positivos, más aún si se toma en cuenta el estado calamitoso en que quedó el país después del gobierno de Fernando De la Rúa. (quien recordemos abandonó el gobierno huyendo en helicóptero trás los sucesos de la Plaza de Mayo, la falta de apoyo de los propios correligionarios, los gobernandores,  y dejando sumido al país en una crisis económica sin precedentes).

Por esa razón la Presidenta denominó a ese período la "década ganada". En realidad, debería haberse limitado al período correspondiente: 2012 a 2013. Seguramente los resultados no serían los mismos.

Lo que sí quedó de manifiesto es que la estrategia de la Presidenta estaba enfocada a escabullirse y eludir a toda costa referirse a LA INFLACIÓN que sufre nuestro país y que constituye el peor FLAGELO PARA LA POBLACIÓN, toda vez que, como es sabido, afecta en mayor medida a todos aquellos que cuentan con ingresos  provenientes de sueldos o jubilaciones.

Repetimos, en tanto y en cuanto, se continúe emitiendo dinero sin respaldo a través del BCRA, -que no cumple con su rol de salvaguardar el valor de la moneda, sino que más bien se ha puesto al servicio del gobierno para solventar con emisión espúrea cualquier requerimiento que le formule el gobierno- la inflación recrudecerá y tendremos que enfrentarnos indefectiblemente con la hiperinflación sumada a la recesión que sobrevendrá.

Ya lo hemos dicho desde este blog en distintas oportunidades. La inflación se corrige atacando las CAUSAS y NO LOS EFECTOS. Por más esfuerzos que haga el genial G.Moreno (Sec.Com.Int.-Ext) para presentar alguna idea nueva –tarjeta de crédito única???- para agregar al control de precios, control de cambios, control de las exportaciones y, en especial, de las importaciones -hoy cerrada para muchos insumos y materias primas  que ponen en riesgo de paralizar la producción en distintos sectores o bien una diversidad de productos que no se fabrican en nuestro país, incluso aquellos de carácter científico que resultan indispensables para aplicar a la salud de los ciudadanos.

Pero lo que llamó más la atención del extenso discurso fué  cuando se refirió a la presentación de una serie de leyes en orden a la “DEMOCRATIZACION DE LA JUSTICIA”. Dice CFK: “El tema de lograr una representación legítima, una Justicia legítima, una democratización de la Justicia”. 

En este sentido, es de destacar que llama la atención que la Sra, Presidenta en su condición de abogada olvide todo aquello que debió aprender a través de su carrera en especial en la materia de Derecho Constitucional y sobre todo la experiencia adquirida trás su paso por el Congreso primero como Diputada y luego como Senadora en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Recientemente el Mro. de Justicia manifestó que el conjunto de medidas presentadas por la Presidenta están inspiradas en el bien común y que han sido solicitadas por otros países"

La anunciada "democratización" del Poder Judicial se plasmará en un paquete de proyectos que enviará el Poder Ejecutivo al Parlamento. Contemplará la creación de tres nuevas cámaras de Casación para los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo y Laboral, que actuarán como una tercera instancia previa a la Corte Suprema. Además, se buscará regular las medidas cautelares.

Alak consideró la iniciativa "una evolución". "Con este concepto el Poder Judicial no es de los jueces sino del pueblo".

Respecto de la creación de una nueva instancia previa a la Corte Suprema en el proceso judicial de las causas, Alak consideró: "No le podemos pedir a la Corte que administre 13 mil causas por año, seguramente van a terminar en otras manos. Es más garantía que las trate una cámara de casación previa".

Respecto de la "democratización" del Consejo de la Magistratura, lanzó: "La tendencia es que el pueblo elija de forma directa".(La Nación 11/03/2013).

En realidad lo que se pretende, disfrazando las medidas y diciendo que lo que se procura es  querer aumentar la participación de "ciudadanos" en el Consejo de la Magistratura, es llegar a manejar la designación de magistrados que sean adeptos al régimen K.

Evidentemente VAN POR TODO  como suele decir la Presidenta.

Ahora bien, queda demostrado que la Presidenta hace de la Constitución Nacional un instrumento para consolidarse en el poder. Esto quedó evidenciado toda vez que mientras la justicia en general fue complaciente al poder todo iba bien para el régimen pero cuando pasó a ser una justicia que se limitó a aplicar la ley se transformó en un verdadero obstáculo para sus planes.

No se puede calificar a la justicia de ser una "justicia cautelar" porque aplicó la medida preventiva  (Cod. Procedimientos) a favor, por ejemplo, en el caso del diario Clarín entorno a Ley de Medios.

Vale recordar aquí que la Sra, Hebe de Bonafini - Madres de Plaza de Mayo- entre las tantas barbaridades que alegremente vocifera desde cualquier lugar en un acto en apoyo del gobierno de CFK realizado  enfrente del Palacio de Justicia llegó a amenazar a la CSJN "calificando a sus miembros de viejos decrépitos y llegó a amenazar expresando que si no resolvían la cuestión de la Ley de Medios "tomarían los tribunales"-.

Recordamos a la Sra Presidenta que un gobierno democrático se debe basar en el principio incólume de la división de los poderes. Esto es, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ahí la base estructural de nuestra concepción republicana, representativa y federal. Si atentamos contra esta forma de gobierno con el objeto de querer perpetuarse en el poder, lograr la suma del poder, manipular la justicia,  se está atentando contra la base misma de nuestro sistema democrático.

Por otro lado, el poder judicial debe gozar de plena independencia y autonomía, en el sentido de no padecer presiones ni interferencias de los otros órganos de gobierno. Aunque la designación de sus miembros, acorde al régimen vigente es competencia del Consejo de la Magistratura, la designación depende del poder ejecutivo y del senado, una vez efectuada no es posible dependencia alguna. El Art.96, al prescribir la inamovilidad de los jueces mientras dure su buena conducta, y la retribución que no puede alterarse mientras permanezcan en sus funciones, tiende a impedir todo favoritismo y toda gravitación susceptibles de alterar el buen desempeño de la administración de justicia.

Otra idea luminosa fue la planteada por Diputado Kunkel (ex-montonero) que propone que los jueces deberían formular públicamente su ideología y desde luego dentro de que corriente política han adherido. No resiste el mínimo análisis. 

El principio de la división de poderes del gobierno no existe ni puede existir si no se reconoce al Poder Judicial carácter de poder público, por tanto, de igual jerarquía que los otros dos, y función específica de poder jurídico guardián de la Constitución, apto para juzgar de acuerdo con sus disposiciones, los actos de los poderes políticos.

Si el Poder Judicial pudiese crear el derecho público ejercería un poder  constituyente  y saldría de su condición subordinada de poder constituído, trastornando por completo el orden institucional.

El poder jurídico asignado a los jueces evidentemente no puede traducirse jamás en el gobierno de los jueces, como alguna vez se ha sostenido. Es, y tiene que ser, el gobierno de la Constitución, es decir, de la norma jurídica fundamental y válida para toda la Nación y para todas las actividades que en ella se desenvuelven, tanto por los gobernados como los gobernantes.

Como hemos dicho, el Poder Judicial, puede ejercer, entonces su poder jurídico, que lo convierte en guardián de la Constitución y le permite juzgar la validez de los actos emanados de los otros poderes, porque, al hacerlo, les aplica las disposiciones escritas en la Constitución, como si ésta fuese un código penal que reprime con pena de nulidad toda infracción a su letra y a su espíritu conjuntamente.

Reiteramos lo expresado, es inconceible el Estado de derecho sin la división de poderes y sin el reconocimiento  de un poder jurídico constituido que como poder constituido sea el guardián permanente de la Constitución, porque sólo así es posible consagrar la existencia de un orden integral y estable. Por eso, también, es inconcebible e inadmisible para nosotros el Estado de derecho sin la vigencia plena de la Constitución Nacional escrita.(Carlos Sanchez Viamonte, El Constitucionalismo y sus problemas, Ed.Bibliográfica Argentina, 1960, pág.-25-31).

Por otro lado, vale recordar, que si bien nuestra constitución no ha incorporado la palabra democracia  en su   ideología, la democracia es un principio vertebral, nada más y nada menos que la forma de estado. La democracia implica un régimen de libertad, en el cual la dignidad de la persona, y los derechos que ella ostenta, se hacen realmente efectivos y vigentes.

Desde el preámbulo, que invoca la justicia, el bienestar general y la libertad, hasta los contenidos de la declaración de derechos y garantías, la democracia insufla al régimen político que la constitución organiza.

La democracia, no como forma de gobierno, sino como estilo de convivencia libre, es la piedra angular de nuestro sistema, y en tal carácter integra uno de los contenidos pétreos de la constitución.Toda constitución ha sido pensada elaborada para defensa, garantía y beneficio de la persona humana, para evitar que el estado la dañe en sus derechos naturales, para hacer posibles sus fines, para impedir que la vida individual sea allanada e invadida por los gobernantes.

El art.19, al consagrar un reducto de intimidad impenetrable al estado, y al formular el principio de legalidad, pone al hombre frente al estado en un status político y jurídico de garantía..

Y el art.29, al fulminar la ACUMULACIÓN DE PODER EN UN SOLO HOMBRE , incrimina las facultades extraordinarias, LA SUMA DEL PODER PÚBLICO, las sumisiones o supremacías que dejan la vida, el honor, o la fortuna de los argentinos al merced de gobiernos o de personas.

La constitución  destituye para siempre toda sugestión de TOTALITARISMO, reñido con la tradición y el estilo que ella ha recogido, y con los valores de justicia y de derecho natural que la han inspirado. Por ningún motivo ningún ámbito de la constitución puede filtrarse, sin resquebrajamiento de su estructura integral, el malsano esquema de las formas antidemocráticas.(Germán José Bidart Campos, La Constitución Argentina,Ed.Lerner pág.22/23).

También es oportuno hacer presente a la Sra. Presidenta que tanto la Constitución Nacional luego de las reformas de año 1994 como la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se establece claramente  que el gobierno central debe transferir a la Ciudad Autónoma el manejo  no solo de la Policía, el transporte, la administración de puertos, sino TAMBIÉN LA JUSTICIA. ESTO ES, TODA LA JUSTICIA MENOS LA JUSTICIA FEDERAL QUE QUEDA BAJO LA JURISDICCIÓN NACIONAL. CON SUS CORRESPONDIENTES PARTIDAS.

Por tal razón a mi juicio se entromete en reformas que deberían quedar reservadas para las autoridades competentes de la Ciudad Autónoma, (salvo que se limitara al Consejo de la Magistratura que deberá encargarse de la selección de los jueces del Fuero Federal). Esto evidentemente pone de manifiesto su voluntad de transformarse, con respecto a todo lo que se trate de la Ciudad Autónoma, en una verdadera máquina de impedir y de entorpecer, la gestión de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad.

Prueba de ello es todo tipo de maniobras realizadas para impedir el traspaso de la Policía y luego el bochorno de los subterráneos. Por tanto, ajustándose a ambas constituciones Nación-Ciudad Autónoma debería abstenerse de introducir los cambios que propone mediante el envío de proyecto de leyes para reformar el Consejo de la Magistratura.

Por otro lado, hacemos hincapié en que el constitucionalismo consiste en el ordenamiento jurídico de una sociedad política mediante una constitución escrita, cuya supremacía significa subordinación a sus disposiciones de todos los actos emanados de los poderes constituídos que forman el gobierno ordinario.

Siempre será necesario fijar con exactitud el carácter jerárquico de la Constitución con relación a todas las manifestaciones del poder público, ya sean normas legislativas o decisiones judiciales o actos ejecutivos. 

Aunque la organización de una sociedad es un acto de naturaleza política, en cuanto atañe a la creación, existencia y funcionamiento del gobierno, el ordenamiento de esa sociedad, considerado desde el punto de vista integral, es de naturaleza jurídica.

Ese debe ser el criterio correcto de interpretación y aplicación de la Ley Suprema por ello conviene extremar su interpretación en orden a impedir que las concepciones políticas estén viciadas de arbitrariedad, busquen su justificación en un realismo que siempre se compagina bien con los abusos de poder.

La historia del constitucionalismo es, también, la historia de la limitaciones al poder público, para ser efectivas y lograr eficacia indispensables a los fines de su institución, requieren ser arquitecturadas en una forma o sistema de gobierno que organice y reglamente todas las manifestaciones de la autoridad. Por eso, al fin de cuentas, la historia del constitucionalismo es la historia de la república democrática, con la cual se identifica el Estado de Derecho.

La Constitución  de cada país es siempre un pacto entre las tradiciones políticas existentes y el derecho constitucional general, cuya definición y redacción son de competencia de la ciencia jurídica. 

El derecho constitucional general no es inmutable; se modifica conforme a las ideas y fenómenos políticos de la vida, y está estrechamente unido al ideal democrático, no porque los teóricos del derecho constitucional hayan sido siempre demócratas, sino porque la democracia expresada en lengüaje jurídico, es el Estado de Derecho, es la racionalización jurídica de la vida, porque el pensamiento jurídico consecuente, conduce a la democracia, como única forma del Estado de Derecho. 

La democracia puede realizar la supremacía del Derecho, y es por lo que el Derecho Constitucional General es el conjunto de reglas jurídicas de la democracia, del Estado de Derecho.(B.Mirkine-Guertzevitch, Modernas tendencias del derecho constitucional, 11. Trad.de Sabino Alvarez.Gendin. adrid 1934.Ed.Reus).

En consecuencia, de lo dicho se puede definir a la Constitución como un ordenamiento social justo, un orden jurídico integral, fundamental, estable, concreto, que, sin entrar en detalles reglamentarios, organiza un sistema y establece las condiciones primarias, generales y permanentes sobre las cuales debe asentarse la vida social cuya principal característica de ese orden consiste en imponerse por igual a gobernados y gobernantes.

Es de esperar que la Sra. Presidenta haga un análisis introspectivo, y reme mar adentro de su profunda interioridad para ver con claridad sus decisiones y luego pueda tomar las medidas de fondo que indefectiblemente afectarán no solo a la vida de los ciudadanos sino también a la República, al Estado de Derecho y a la Democracia, todo ello en tanto y en cuanto no se embarque e involucre a todos los argentinos en un gobierno que se vuelque definitivamente al TOTALITARISMO POPULAR SOCIALISTA Y SE IDENTIFIQUE  AÚN MÁS CON EL REGIMEN DEL RECIENTEMENTE FALLECIDO COMANDANTE HUGO CHAVEZ FRÍAS.  

Confiamos en que rectifique lo tenga que rectificar, que no se deje llevar por el grupo de funcionarios que lo rodean que en última instancia no persiguen otra cosa que mantenerse en el estado de privilegio del que gozan. 

Confiamos en que la ayude Dios Nuestro Señor fuente de toda razón y justicia.

JMP+

01 de Marzo de 2013: Apertura de 131° período de sesiones ordinarias del Congreso - 1ra. parte

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